Ayer se confirmó lo que, durante la noche del viernes, era una presunción cierta. Cuando compareció ante el fiscal Carlos Stornelli, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, apuntó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo al solicitar que se lo incluya en la lista de “arrepentidos” del juez Claudio Bonadio, en la causa de los “cuadernos de la corrupción”

El tucumano reconoció que él formó parte del presunto esquema de pagos ilegales a distintas áreas del Gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner y de su esposa. El caso, detonado por la revelación de los registros del Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta (número 2 del Ministerio de Planificación Federal) ya involucró a empresarios y ex funcionarios de alto rango.

Según consigna el diario La Nación, López apuntó contra Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal (la Secretaría de Obras Públicas estaba dentro de la órbita de esa cartera) y la familia Kirchner. Precisamente, para poder asumir la figura de “imputado colaborador” necesitaba brindar información referida a personas que tuviesen un cargo de igual o de mayor jerarquía a la que ocupó durante las administraciones anteriores.

Ex vecinos “implicados”

Como se publicó ayer, después de comparecer ante Stornelli, pidió ingresar en el programa de testigos protegidos y ya no volvió al presidio donde estaba alojado, sino que fue derivado a un domicilio cuya ubicación es secreta. Lo que se baraja ahora, justamente, es que pudo haber complicado con su declaración también a otros ex funcionarios kirchneristas que hasta el viernes compartían con él el penal de Ezeiza. Allí estaba detenido con otros presos de casos de corrupción, como Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros.

Ayer, el ex funcionario que acompañó a los Kirchner desde que Néstor era intendente en Río Gallegos pasó su segunda noche fuera del Pabellón 6. Ahora cuenta con un domicilio oficial que depende del Ministerio de Justicia, que por medidas de seguridad se mantendrá bajo absoluta reserva. De su custodia, además, se ocupa el grupo de seguridad conocido como “Los Lobos”.

Según explica el diario Clarín, “Los Lobos” son parte del Servicio Penitenciario Federal y del Grupo Especial de Intervención (GEI), que se prepara específicamente para este tipo de tareas.

“Hizo aportes sustanciales para la causa”, afirmó a la prensa el fiscal Stornelli. El funcionario judicial también confirmó que el primer beneficio para el kirchnerista son las mejoras en sus condiciones de detención, aunque también precisó que no será excarcelado.

La familia dice “no”

Una de las novedades de ayer, precisamente, consistió en que la familia del tucumano “arrepentido” no quiere ingresar al programa de testigos imputados protegidos en el que ya se encuentra López.

El ofrecimiento les fue formulado a pesar de que el acuerdo para que el “arrepentido” (electo diputado del Parlasur por Tucumán durante los comicios nacionales de 2015) sea considerado “imputado colaborador” aún tiene que ser homolagado por el juez Bonadío.

Según reveló Clarín, igualmente el Ministerio de Seguridad de la Nación tomará medidas para mantenerlos a resguardo.

“Hacia arriba”

El matutino porteño consigna, en detalle, que el ex funcionario que llegó a ser precandidato a gobernador de Tucumán contó cómo se distribuían las obras entre las empresas cartelizadas y que dirigió la mira de sus confesiones “hacia arriba”, en alusión a De Vido y al matrimonio Kirchner como principales autoridades del Ejecutivo Nacional.

Según ese diario, fuentes judiciales deslizaron que, en su declaración, López brindó detalles acerca de los porcentajes que se aplicaban para las supuestas coimas que las empresas debían pagar. Hasta el punto que se equipara el contenido de sus dichos con la información que oportunamente brindara en sede judicial el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Como se recordará, cuando compareció ante la Justicia como “arrepentido”, el empresario describió el entramado de lo que puede considerarse como un verdadero sistema de cartelización de la obra pública, instaurado por De Vido.

Según el procedimiento descripto por Wagner, las empresas se ponían de acuerdo en cómo ofertar ante una licitación y decidían cuál firma efectuaría la oferta más conveniente para que, por supuesto, terminara ganando el concurso público.

Después, la firma adjudicataria acordaba con los ex funcionarios de Planificación Federal “cómo se pagaba” del 10% al 20% de adelantos financieros, que volvían casi completos a los funcionarios como coima. Este “sistema funcionaba sin importar quién ganara”, puntualizó Wagner.

Según Clarín, López no pudo negar el funcionamiento de esta maquinaria que alcanzaba a las obras de ingeniería civil y a las que se volcó un presupuesto multimillonario durante los gobiernos del kirchnerismo.